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Serie · San Martín e industria · 04

San Martín: la capital que dejó de cuidar su industria. Qué hacer

Esta es la última de cuatro notas. En las anteriores realizamos un diagnóstico y el contraste con otros municipios. Ahora pretendemos realizar un aporte a la solución: estas son algunas de las medidas que el municipio puede tomar por sí mismo, sin depender de ninguna otra instancia de gobierno.

Carlos R. Brown y Luciano Jáuregui

Un diagnóstico que no termina en propuestas es una queja con estadística. Las tres notas anteriores mostraron que San Martín perdió empleo industrial por encima del promedio del Conurbano, que destina el 1,12% de su presupuesto al área productiva y el 1,58% a inversión, que cobra una tasa que sube con cada trabajador contratado, y que tres vecinos con la misma macroeconomía decidieron distinto y les fue mejor. Queda la parte que importa.

Vamos a concentrarnos en lo que depende del municipio. El informe completo incluye también propuestas para la Provincia, entre ellas un piso común de reglas que evite que la competencia entre distritos termine siendo mudanza de empresas dentro del mismo conurbano, y para la Nación, donde está el grueso de la carga impositiva y logística que asfixia a la pyme industrial. Pero esas son discusiones de otro nivel y de otro tiempo.

Anticipamos el argumento que vamos a escuchar apenas se publique esto: que el intendente no puede hacer nada porque los problemas son nacionales. Es verdad que un intendente no baja Ingresos Brutos ni las cargas patronales. También es verdad que no puede permanecer indiferente, porque es precisamente él quien debe representar al distrito frente a la provincia y reclamar lo que le corresponde. Y sobre todo, no puede escudarse en lo que no depende de él para no hacer lo que sí.

Lo que sí depende de él es esto.

Primero, eliminar el mínimo por cantidad de empleados. Es lo más urgente, lo más barato y lo más obvio. Ningún municipio que diga defender el trabajo formal puede cobrar cien módulos fiscales adicionales por cada persona que una empresa contrata. Ese mínimo debe fijarse por superficie o por categoría de riesgo, nunca por dotación. Se corrige con una ordenanza y no cuesta prácticamente nada en recaudación.

Segundo, limitar la base de la tasa de Seguridad e Higiene a los ingresos generados por la actividad desarrollada en el partido, y eliminar el tramo del quince por mil. La bonificación extraordinaria del 20% anunciada por tres meses representa un alivio para los contribuyentes alcanzados, pero no modifica la estructura de la tasa. Si es una tasa, que retribuya un servicio. Si se gradúa por lo que la empresa factura en Córdoba o Santa Fe, es otra cosa y conviene llamarla por su nombre.

Tercero, un régimen municipal de promoción industrial con horizonte de diez años: exención total de la tasa los primeros años y bonificación decreciente después, atada a inversión verificable y a empleo registrado en establecimientos del distrito. El escalonamiento de San Miguel es el mejor modelo disponible, porque acompaña la maduración del proyecto en lugar de regalar una década por adelantado.

Cuarto, y a nuestro juicio el más importante de todos, estabilidad tributaria por ordenanza. Quien instala una línea de producción necesita saber cuánto va a pagar dentro de cinco o diez años, no en el mes que viene. Esa previsibilidad vale más que cualquier subsidio y no le cuesta un peso al municipio. Tres de Febrero comprometió treinta años. San Martín podría comprometer diez y ya sería un salto enorme respecto de hoy.

Quinto, habilitación gratuita, digital e instantánea. El municipio anunció una bonificación del 100% de los derechos de nuevas habilitaciones durante tres meses, un alivio concreto pero transitorio. La propuesta es convertir la reducción del costo de entrada en una política permanente y sumar simplificación del trámite: declaración jurada con fiscalización posterior para los rubros de bajo riesgo y setenta y dos horas de plazo máximo para el resto.

Sexto, derogar la Tasa de Recuperación Vial o afectar su producido a un fondo específico y auditable, con publicación de en qué calles se ejecutó. Si el municipio puede demostrar que ese 35% mantiene la red vial industrial, que lo demuestre. Si no, corresponde derogarla.

Séptimo, un ente de promoción industrial con participación privada, como el tripartito que administra La Cantábrica en Morón. San Martín tiene la Unión Industrial, la Cámara Económica Sanmartinense y la UNSAM en su territorio. Sumarlos a la conducción de la política productiva tiene una ventaja que ninguna ordenanza da por sí sola: que esa política no cambie con cada elección.

Octavo, ventanilla técnica única con el INTI y la UNSAM, que ya están en el distrito. Que una pyme acceda a asistencia técnica, certificación y transferencia tecnológica en una sola oficina municipal no requiere presupuesto adicional relevante. Requiere voluntad de coordinar.

Noveno, llevar el área productiva del 1,12% al 3% del presupuesto. Son unos seis mil millones de pesos anuales: menos de lo que el distrito movilizó hacia colocaciones financieras en un solo semestre. Con eso se financia un fondo de garantías para pymes, infraestructura productiva y una oficina de exportaciones que funcione de verdad.

Ninguna de estas nueve medidas es ideológica. Ninguna requiere una mayoría especial en el Concejo. Y todas fueron aplicadas, en alguna versión, por gobiernos peronistas, del PRO y de La Libertad Avanza en distritos del norte, el oeste y el sur del Conurbano. Lo productivo no tiene dueño partidario, y quien intente convertir esta discusión en una interna se está equivocando de problema.

San Martín no perdió su industria. Todavía tiene más de 35 mil puestos fabriles, más de dos mil establecimientos, una universidad nacional, una sede del INTI y tres generaciones de trabajadores metalúrgicos, plásticos y textiles formados en el oficio. Eso no se improvisa y no lo tiene casi nadie.

Lo que perdió es la decisión de cuidarlo. Y esa decisión, a diferencia del tipo de cambio o de las tarifas, se toma en el municipio.

Las cifras, las fuentes y el detalle de las propuestas para los tres niveles de gobierno están en el informe completo, que queda disponible para quien quiera discutirlo. Ojalá alguien lo discuta: sería la señal de que todavía importa.

* Carlos R. Brown es abogado, Director Ejecutivo del MPA y Director de ACEP San Martín. Luciano Jáuregui es politólogo, integrante del MPA y ACEP San Martín.