Serie · San Martín e industria · 03
San Martín: la capital que dejó de cuidar su industria. El contraste con los vecinos
Tercera de cuatro notas. Mientras San Martín cobra una tasa que sube con cada trabajador contratado, Tres de Febrero congeló la suya por treinta años, San Miguel habilita en veinticuatro horas y Morón, aunque cobra un poco más, invierte diez veces más.
Carlos R. Brown y Luciano Jáuregui
Ya vimos en las notas anteriores que San Martín perdió empleo industrial por encima del promedio del Conurbano y que destina apenas el 1,12% de su presupuesto al área productiva. Ahora nos falta la otra mitad de la ecuación, que es la que el empresario siente todos los meses: qué le cobra el municipio por producir en su territorio. Y, sobre todo, qué hicieron con el mismo problema los distritos de al lado.
Empezamos por la tasa. La Ordenanza Impositiva 2026 fija una alícuota general de Seguridad e Higiene del cinco por mil. Esa es la cifra que el municipio comunica y suena razonable. Pero es apenas el primer escalón: la tasa sube al siete, al ocho, al doce y llega al quince por mil según tramos de facturación. En septiembre, el municipio anunció una bonificación extraordinaria del 20% durante tres meses en el marco de la Emergencia MiPyME. Es un alivio transitorio que no modifica la estructura de alícuotas vigente.
Lo que queremos discutir no es el número sino el criterio. La base para determinar en qué tramo cae cada contribuyente incluye los ingresos por cualquier actividad dentro o fuera del municipio. Una tasa que se gradúa según lo que una empresa factura en todo el país no retribuye ningún servicio de inspección: funciona como un impuesto a los ingresos brutos de nivel municipal, el mismo tributo distorsivo que venimos cuestionando hace décadas en la provincia.
Hay un segundo elemento, menos comentado y mucho más grave. Cuando la tasa calculada no supera el mínimo, se paga el mínimo, y ese mínimo se fija por cantidad de dependientes: 170 módulos fiscales por uno, 260 por dos, 350 por tres y 100 módulos adicionales por cada persona por encima de tres. Con el módulo actualizado a $94 desde septiembre, cada trabajador incorporado a partir del cuarto suma $9.400 mensuales de piso tributario.
Detengámonos ahí un segundo. Puede parecer poco, pero es una cuestión conceptual: ¿un municipio que se declara capital nacional de la pyme industrial le cobra más a la empresa por cada persona que contrata? No hay forma de defender eso desde ninguna posición política. Si uno quisiera diseñar un tributo para desalentar el empleo registrado, le daría exactamente esa forma.
A eso se suma la Tasa de Recuperación Vial, un 35% adicional sobre la tasa de aseo y limpieza. Es un recargo que crece con los metros cuadrados de la planta y no con su rentabilidad. El informe fiscal de la Provincia muestra que en el Conurbano la tasa vial prácticamente no existe, porque es un tributo ligado al agro del interior. San Martín la cobra igual.
La comparación con otros municipios refuerza el punto. Según el Semáforo Fiscal difundido en 2026, la TISH industrial promedio de San Martín se ubica en 0,94%, frente al 0,60% de Vicente López y el 0,53% de San Isidro. El mismo indicador ubica la presión tributaria municipal de San Martín un 47% por encima del promedio regional. Es una referencia comparativa de alícuotas y tasas, no una medición de lo que efectivamente paga cada empresa.
Ahora el contraste. Una aclaración antes: las tres gestiones que siguen son de signo distinto y dos vienen del peronismo. Quien espere que los datos ordenen a los municipios por color partidario se va a llevar una decepción.
San Martín anunció en septiembre una bonificación del 100% de los derechos de nuevas habilitaciones durante tres meses. La medida reduce transitoriamente el costo, pero no equivale a un régimen permanente de habilitación gratuita ni automática.
Tres de Febrero es la comparación más exigente y más legítima, porque limita con San Martín, comparte el corredor industrial de la General Paz y el Reconquista, tiene la misma escasez de suelo y 26.672 puestos fabriles. Ahí la habilitación es gratuita para todo comercio o industria que se instale, e instantánea por declaración jurada para más de setenta rubros. No se cobra tasa vial. Hay un crédito fiscal por incorporación de personal equivalente al 45% del salario mínimo durante seis meses, que se transfiere y se usa para cancelar deuda municipal. Y en junio de 2025 aprobaron el primer régimen municipal de incentivos a la inversión del país, con exenciones de hasta quince años y estabilidad tributaria por treinta. Mercado Libre fue la primera empresa en suscribirlo.
El resultado: creció 1,37% mientras San Martín caía 3,93%. Y lo hizo con menos plata: su presupuesto por habitante es de unos $520.000 contra los $739.000 de San Martín, y destina a personal el 26,76% de su gasto, la mitad que su vecino. No gastó más. Cobró menos, decidió más rápido y se comprometió a plazo. Y sostuvo ese esquema incluso después del cambio de intendente, lo que demuestra que se puede construir una política de Estado municipal.
San Miguel tiene apenas 3.710 puestos industriales, así que sus porcentajes son volátiles y no los vamos a forzar. Pero hay dos cosas suyas que San Martín podría copiar mañana sin discusión: habilitación online, gratuita y en veinticuatro horas para locales de hasta 200 metros cuadrados, y un régimen de exenciones industriales escalonadas a diez años, que acompaña la maduración del proyecto en lugar de regalar una década entera por adelantado.
Y queda Morón, que es el caso que nos obliga a matizar nuestro propio argumento y que por eso mismo incluimos. Morón cobra más que San Martín: su escala industrial va del siete al dieciséis por mil, con mínimos determinados por complejidad ambiental. Y tiene una estructura de personal parecida, con el 52,9% del gasto corriente. Sin embargo cayó apenas 1,04%.
¿Por qué? Por dos razones que están documentadas en su propio presupuesto. La primera es la inversión: su gasto de capital equivale al 15,78% del presupuesto, contra el 1,58% de San Martín. Diez veces más. La segunda es que tiene una política industrial escrita, financiada y sostenida: cuatro parques industriales en funcionamiento, un ente tripartito con la provincia y la Unión Industrial del Oeste que administra La Cantábrica, y ventanilla técnica con el INTI para las pymes del distrito.
La lección es incómoda para cualquier diagnóstico rápido: bajar impuestos importa, pero no alcanza. Lo que distingue a los municipios que resisten es que tienen una política, la financian y la sostienen en el tiempo.
San Martín quedó con la peor combinación posible: cobra alto, invierte poco y no tiene una política industrial que justifique ninguna de las dos cosas.
En la última nota de esta serie avanzaremos sobre algunas propuestas concretas para que nuestro distrito recupere su identidad.